Me parece muy bien que se comiencen a reducir las administraciones públicas existentes y el elevadísimo número de empleados públicos. No necesitamos para nada más de tres millones de “colocados” en las administraciones. Seguramente sobran más de la mitad.
Tampoco veo lógico que no pueda prescindirse de los funcionarios. Si no son necesarios, por desaparición del organismo o la función a la que estaban adscritos, incompetencia profesional, falta de adaptación a las nuevas tecnologías, etc., se les jubila anticipadamente, y aquí paz y después gloria. O, simplemente, se les somete a un ere.
De la misma forma que la legislación otorga la inamovilidad en el empleo a los funcionarios públicos en determinadas circunstancias, también puede modificarse la normativa y permitir su jubilación anticipada o cese, en otras circunstancias.
Pretender que en un mundo cambiante como el actual una persona por el simple hecho de haber aprobado una oposición -muchas veces amañada- se crea con derecho a que le mantengamos toda su vida laboral, aunque no sean necesarios sus servicios para nada, es un absurdo, al menos en mi opinión.
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